En algunos casos, el cliente manifiesta que el producto que adquirió no cumplimenta con sus requerimientos de uso, y por este motivo el mismo le resulta parcial o totalmente inútil. Cabe aclarar que desde el punto de vista jurídico, la provisión informática es una actividad que, por lo común, supone la adquisición de un equipo de determinadas características, de un programa o software que cumple ciertas funciones, de un sistema en red o, en general, de bienes y servicios que soluciona determinados problemas de tratamiento de la información que maneja el usuario.

Desde tal perspectiva, este último espera un resultado funcional útil que derive de la aplicación de la máquina, el programa de su actividad, el sistema, red, bien o servicio informático de que se trate. Bajo tal entendimiento de cosas, la doctrina y jurisprudencia coincide en cuanto a que el proveedor informático contrae una “obligación de resultado”, que se traduce en asegurar la aptitud de tales elementos a los requerimientos hechos por el cliente para que con ellos éste último llene la utilidad que persigue (conf. Parellanda, C., Daños en la actividad judicial e informática desde la responsabilidad profesional, Buenos Aires, 1990, p. 273; Bergel, S., Informática y Responsabilidad Civil).

Si bien lo expuesto precedentemente constituye el principio general, es dable destacar que en relación al tema de análisis pueden darse varias situaciones, a saber:

1- El cliente adquirió un software estándar, desde ya apto para satisfacer con las finalidades informáticas para las cuáles fue concebido.

Dicho software se caracteriza por poseer funcionalidades bien definidas en documentos que acompañan el producto y el mismo ha sido mostrado previamente a la adquisición. En tal caso el proveedor no tiene responsabilidad, demostrando la funcionalidad del sistema que proveyó al adquirente. Ello es así ya que, le es imposible chequear las necesidades del comprador, y es responsabilidad exclusiva de éste verificar que lo que adquiere sea lo que necesita, se traduce en lo que jurídicamente se denomina “culpa o negligencia de la víctima”. Más aún cuando al suscribir el contrato informático –se deben incluir cláusulas al efecto a la convención que se celebra-, el usuario adquiere el sistema en perfecto estado de funcionalidad, circunstancia que conoce a través de las demostraciones que del mismo se han hecho en la etapa pre-contractual.

2-El cliente adquirió un software estándar con posibilidades de parametrización o modelización.

Es decir, se cumplen los supuestos del caso previo, con excepción de que el vendedor haya estipulado expresamente en el contrato que al efecto se celebra, que las funcionalidades específicas requeridas por el cliente iban a ser cumplimentadas. Es dable destacar, que la conducta posterior de las partes a la celebración del contrato es un hecho sumamente relevante a los fines de desentrañar la voluntad expresada en las convenciones informáticas. En tal sentido, la jurisprudencia se ha expedido:

“La conducta de las partes posterior al contrato constituye un elemento muy valioso para interpretar la voluntad expresada en los convenios. Así, el art. 218, inc. 4°, del Cód. de Comercio dice que los hechos subsiguientes al contrato constituyen la mejor interpretación de la intención de las partes al momento de su celebración” (CNCiv, Sala D, 2/8/84, ED, 112-129).

3- El cliente adquirió un software a medida con funcionalidades a definir en el proceso de confección del mismo.

En este caso, la definición de responsabilidad es bastante más compleja ya que habrá que ver detalladamente los términos contractuales que rigen la operación para definir los límites de lo adquirido. En tal caso, podemos afirmar jurídicamente que aquí estamos en presencia de un típico supuesto de responsabilidad de resultado. Las obligaciones de resultado, se caracterizan por ser el deudor o prestatario del servicio el garante del logro del interés final pretendido por el acreedor, dicho en otras palabras, el proveedor del software le asegura la funcionalidad específica al usuario del sistema a medida. Es decir, el mero incumplimiento material o estructural de la obligación asumida, amerita que se atomice la facultad para el adquirente del sistema en reclamar judicialmente el incumplimiento contractual del proveedor con más los daños y perjuicios. Sobre el tema ha dicho la doctrina:

“La obligación debe indiscutiblemente entenderse también como de resultado”, atento a la naturaleza del hecho técnico, y la probable desigualdad de conocimientos informáticos entre ellas (conf. Altmark, D., Contratos informáticos, LL 1986-B, p. 721).

Sin perjuicio de lo expuesto, conviene señalar que los supuestos analizados constituyen el lineamiento general del tema desarrollado. Pero en caso de someterse la discusión al arbitrio judicial, resultará victorioso en el pleito quién pueda probar las argumentaciones acerca de la funcionalidad o “infuncionalidad” del sistema contratado.

Por el Dr. Martín Fernando Manfroni

 
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